La semana canalla ha estado marcado por una noticia de fuentes oficiales que nos ha dejado más incógnitas que certezas. La publicaba en su página web el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), en la que explicaba que La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), cuya uno de sus principales objetivos es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria, ha llevado a cabo una serie de acciones durante el pasado año.

Lo más llamativo es que se asegura que el sector lácteo acaparó el 93% de las sanciones en 2016. Se trata de 52 propuestas de sanciones en el lácteo. Los canallas nos hemos quedado anonadados, ojipláticos y todos los adjetivos similares que puedan adaptarse a estas circunstancias. Un 93% de sanciones en el sector lácteo por incumplimientos en la mejora de la cadena alimentaria. Es decir, en los contratos entre productores e industrias. O en los precios imposibles que se encuentran en ocasiones de la leche en los lineales de los supermercados. O en las condiciones ‘leoninas’ que pone la distribución a las industrias, que también hay mucho de eso…

Claro, que todo lo que hacemos no son más que conjeturas. Sería necesario entrar más en el detalle para saber cuáles son esas sanciones, de qué cantidades estamos hablando, qué repercusiones tiene y, sobre todo, quiénes son los que no permiten un adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, ya que un aspecto interesante es saber si hay reincidentes. Si se entra más al detalle del informe, se encuentran aspectos como que la mayor parte de sanciones son por ausencia de contratos, aunque también hay casos de incumplimientos o de no inclusión de todos los extremos en un contrato. Pero, reiteramos, falta el elemento clave. ¿Quién ha sido?