Todo esto nos suena ya a manido. A añejo. A algo que se ha intentado mil veces, pero que todavía no se ha conseguido. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sometido a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su tramitación.

“El Gobierno de España se mantiene firme en su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos con el objetivo de fortalecer su posición negociadora, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido”, decía la nota de prensa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Se habla de objetivos que ya hemos oído en multitud de ocasiones: reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones; conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba; evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria; aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica; ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.

Suena muy bien. ¿Pero esta vez será la definitiva? ¿Se pasará del papel a la realidad de agricultores y ganaderos?