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#sábadocanalla: El necesario respeto a las formas

Estamos metidos en un carrusel de campañas electorales, jornadas de reflexión y días de elecciones que ya está tocando a su fin. No podemos decir otra cosa desde este humilde rincón sabatino que los diferentes representantes que salgan elegidos en las diferentes administraciones municipales, provinciales y autonómicas sean los que mejor representen a los agricultores y ganaderos de nuestro país para que el futuro sea del sector primario.

De todos modos, nunca debe olvidarse que las diferentes administraciones tienen la capacidad de influir en los sectores productores, pero siempre con el necesario respeto a las normas y a las legislaciones vigentes en cada momento y en cada ámbito. Todo ello viene a cuento de la noticia que podíamos leer hace unos pocos días. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló a través de una sentencia del pasado 11 de abril la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León. El fallo declara que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental, “invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico”, según explicó Ecologistas en Acción en un análisis que recogieron, entre otros, el diario ABC.

A juicio de la organización, significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes. “A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta”, enfatizó.

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