Extremadura debe devolver 623.000 euros a Bruselas. El motivo es que la Junta no realizó controles ganaderos adecuados en los años 2013 y 2014 respecto a la identificación y notificación de compraventa de ganado vacuno. Ni los ganaderos comunicaron en plazo a la Administración esas operaciones ni el Gobierno regional, entonces presidido por José Antonio Monago, impuso a los ganaderos las sanciones correspondientes, según la UE. Esto implica que ahora la Consejería de Medio Ambiente y Rural tenga que devolver 623.271,68 euros. Esta cantidad saldrá de fondos propios de la Junta, no del bolsillo de los ganaderos que no notificaron bien a la Junta esas identificaciones, según publica el diario Hoy.

La Junta de Extremadura tiene que abonar ese dinero a Bruselas porque, al final, los controles administrativos del ganado tienen implicación directa en el derecho al cobro de ayudas de la PAC. En este caso, están sujetas a la llamada condicionalidad. Son una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los importes de determinadas ayudas comunitarias del sector agrario. Tienen relación con el medio ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal y la sanidad y el bienestar animal.