El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la Mesa de Diálogo Agrario constituida con las organizaciones profesionales agrarias para dar respuesta a los problemas del sector agroalimentario. Según ha recalcado, el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los precios y la disminución de los márgenes comerciales, situación que no solo está ocurriendo en España sino que también afecta a otros países comunitarios como Países Bajos, Francia o Alemania.

En rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro ha asegurado que la constitución de esta mesa de diálogo demuestra que el Gobierno está dispuesto a dialogar y trabajar de manera coordinada con todas las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso los ciudadanos, que con sus decisiones de compra marcan también el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario.

El ministro ha recalcado que el Gobierno de España tiene claro que la actividad agroganadera es un sector con futuro. Por eso, el Ministerio ha propuesto una serie de medidas enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

En relación con los precios, la intención del Gobierno es la de incrementar la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para apoyar el sistema de seguros agrarios, “el mejor elemento de defensa frente al riesgo climatológico” y una herramienta clave para los productores en casos de pérdida de producción por las adversidades climáticas.

Y, en relación con el mercado, se está elaborando una propuesta de modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyos principales aspectos son el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (con la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales), la regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios (conocido como venta a pérdidas), la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.