Critican la “ineficacia” de las instituciones para el pago de la multa de las industrias lácteas

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la resolución dictada por la CNMC que vuelve a rehacer el proceso sancionador a la mayoría de las  industrias lácteas con 80 millones de euros, critica las deficiencias legislativas y de los organismos de control del sistema de fijación de precios en el sector agroalimentario que se dan constantemente.

Unión de Uniones considera que esta multa por la fijación y bajada presuntamente ilegal de precios a los ganaderos durante los años 2000 a 2013 está ampliamente justificada y no comprende cómo a la industria, que obtiene importantes beneficios, tras producir un importante hundimiento de  precios en los años precedentes, se le permite seguir pagando a día de hoy la leche a los ganaderos españoles por debajo de la media de Europa, según los últimos datos del Milk Market Observatory  del 5 de julio de 2019.

Igualmente, el precio en el último año ha aumentado en España en menor ritmo que en el resto de la Unión Europea, siendo de un 3% frente al 5%.

El proceso sancionador se resolvió en 2015 y hacía referencia a prácticas ilegales realizadas por 16 industrias lácteas, tales como el reparto del mercado de compra, acuerdos de precios de compra de leche cruda de las empresas transformadoras o estrategias relacionadas con la recogida de la leche como medida de presión al ganadero.

Unión de Uniones denuncia que con el sistema y la legislación actual, los continuos recursos presentados por las grandes corporaciones junto a los fallos en los mecanismos de control, los procedimientos se eternizan, las sanciones no son lo suficientemente disuasorias y la legislación no tiene la concreción necesaria para evitarlas, por lo que los ganaderos tienen la sensación de que estas 16 industrias actúan con una total impunidad.

La organización pone de manifiesto que, en la resolución de 2019, la CNMC dispone que las 16 industrias lácteas obtuvieron 685 millones de euros de ingresos indebidos a costa de los ganaderos durante los años de duración de la supuesta conducta ilegal, por lo que la multa sólo supone en torno a un 12%.

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