El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco del Gobierno de Cantabria, ha exigido a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, un compromiso firme de no llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) hasta que no cuente con el consenso de todas las comunidades autónomas pero, especialmente, de las cuatro comunidades autónomas que albergan la mayor parte de ejemplares de esta especie en España en una nueva estrategia nacional y que llevan años asumiendo la conservación y gestión de la especie sin colaboración de ningún tipo por parte del Gobierno de España.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “va a pelear hasta las últimas consecuencias para que el Ministerio reconsidere su postura y, en caso de que no lo haga, recurriendo a todas las instancias judiciales para revertir esa medida y para que los responsables de la misma asuman todas las consecuencias que se deriven de la misma”.

Así, ha anunciado que su departamento, a través de los servicios jurídicos, está estudiando, al igual que Galicia, Asturias y Castilla y León, la posible nulidad de los acuerdos alcanzados en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para aprobar la propuesta de considerar al lobo como especie de especial protección.

Igualmente, está estudiando, ha continuado Blanco, demandar, “si fuera necesario”, al Ministerio ante los tribunales por incluir al lobo en el LESPRE sin seguir el procedimiento establecido para el caso, incluyendo las reclamaciones patrimoniales correspondientes.

También ha informado de la reciente creación del Comité Técnico del Lobo Ibérico en el Noroeste de la Península Ibérica con el fin de que Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León coordinen las medidas de gestión, que en desarrollo de sus respectivos planes y de cara a una futura Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión de esta especie, vayan a llevar a cabo en sus respectivas comunidades autónomas “desde la colaboración, la cooperación y el consenso” y abiertos a la incorporación de otras comunidades.

Asimismo, se ha mostrado “totalmente” dispuesto a colaborar con el Ministerio en la elaboración de esa estrategia, “siempre que renuncie a modificar el estatus legal del lobo sin haber aprobado una estrategia consensuada y aprobada por el órgano que tiene que hacerlo, que no es otro que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente”.